29/12/2011 | 06:23
Montaron una carpa frente a la Legislatura, donde hoy se tratará un proyecto de emergencia económica, que modifica el régimen jubilatorio y establece el pago con bonos de deuda a proveedores.
El gobernador santacruceño Daniel Peralta envió a la Legislatura un paquete de medidas que implican un fuerte ajuste de las cuentas públicas y la consolidación de deudas con proveedores que serán pagadas con un bono a cuatro años.
Se trata de seis proyectos que serán tratados hoy en sesión extraordinaria y que recogieron el rechazo unánime de los gremios estatales y de los proveedores afectados por demoras en el pago de deudas.
El proyecto causó alarma en el sector comercial, ya que consolida todas las deudas a proveedores que mantiene el Estado provincial hasta el 11 de diciembre, las que luego de un proceso de verificación y ratificación serán pagadas mediante un bono de consolidación de deuda, a cuatro años.
En un mensaje brindado por cadena provincial, Peralta anunció la declaración de la emergencia, mencionó el envío sólo de tres de las seis leyes que efectivamente mandó a la Legislatura, al tiempo
que centró la responsabilidad del déficit en la repitencia de medidas de fuerza por parte de los distintos gremios, en especial las que afectaron la producción petrolera a lo largo de este año y años anteriores.
La declaración de emergencia establece una serie de medidas de restricción de gastos, las que estarán orientadas fundamentalmente a gastos corrientes, suspende la contratación y pases a planta transitoria de personal, con excepción de educación, salud y seguridad.
Pero el capítulo que mantiene movilizados a los gremios estatales, que anunciaran un paro de actividades para hoy con movilización hacia la Cámara de Diputados, es el contenido en el título VI de la Emergencia, que establece la modificación definitiva de la ley 1782 del sistema previsional provincial.
Con las modificaciones que pretende el gobierno y para lo cual cuenta con 22 diputados de los 24 que integran la Legislatura, en 48 horas más, quienes hasta hoy se jubilaban con 50 años (las mujeres) y 54 años (los varones), deberán esperar 10 y 11 años más, respectivamente, ya que se eleva la edad a los 60 y 65 años, aunque se fija una cláusula por la cual los trabajadores podrían jubilarse igual a la edad actual, pero serán penados con el descuento de los aportes personales y patronales hasta que cumplan la edad nacional.
Además, establece un tope para las jubilaciones, por lo cual nadie podrá cobrar una jubilación que supere en dos veces los haberes jubilatorios máximos fijados por Nación.
La norma generó también la movilización de los centros de jubilados, toda vez que establece un aporte extraordinario que va del 7 al 17% según el monto de la jubilación percibida, mientras dure la emergencia.
Según declaró Susana Ruiz, vocal por los pasivos en la Caja de Previsión, con los aportes aumentados y el descuento a jubilados, la recaudación del sistema llegaría a casi mil millones de pesos, en una Caja que hoy muestra un rojo anual de 410 millones de pesos.
Esta medida adoptada por el gobierno provincial llega después de la auditoría que durante casi 10 días estuvieron concretando enviados del Ministerio de Economía de la Nación y de la Anses.
Peralta, en su discurso, aseguró que el ordenamiento, la equidad y la reforma del régimen previsional son necesarias para "hacer frente a la situación coyuntural generada por los hechos que son de público conocimiento y estructural que atraviesa la economía de la Provincia, en su conjunto".
Acusó a los gremios de realizar medidas de fuerza "absolutamente desproporcionadas, y además, innecesarias, realizadas por sectores sindicales, tanto del ámbito petrolero como del sector docente, consistentes, fundamentalmente, en cortes de rutas y bloqueo de nuestros yacimientos petroleros ocasionaron la imposibilidad de llevar adelante la actividad hidrocarburífera en casi todo el primer semestre del año que está por finalizar".
Consideró necesario "corregir el problema financiero estructural" que hoy padecen las finanzas públicas provinciales, y señaló la distorsión en los salarios y jubilaciones en el sector.
Insistió en que se necesita "discutir de manera madura y responsable" el sistema previsional, que sea por sobre todas las cosas, "solidario y sustentable".
Dichos que fueron tomados como una burla por los gremios estatales, "pretenden sacar una ley como esta entre gallos y medianoche, a espalda del pueblo" sostuvo la Mesa de Unidad Sindical, y desde la Cámara de Comercio advirtieron que "no puede haber discusión sino hay diálogo y no hay diálogo si nos ignoran y no nos convocan".
Pese a que el gobernador en su discurso pidió "no repetir errores del pasado", Santa Cruz no sufría una declaración de Emergencia Económica desde 1991, cuando Néstor Kirchner ganó la Gobernación, en el marco de una provincia sumamente endeudada, con movilización social importante y empleados estatales que tenían sus haberes atrasados.
Al igual que entonces, la declaración de emergencia actual suspende las paritarias y las cláusulas de enganche que tienen sectores como el judicial y el legislativo.
Peralta finalmente admitió: "El esfuerzo va a ser significativo, pero nos anima la convicción absoluta de que el mismo no debe recaer en los que menos tienen y es una oportunidad irrepetible de corregir el modelo basado, fundamentalmente, en la obtención de privilegios sectoriales que siempre terminaron y van a terminar perjudicando al conjunto de los santacruceños".
Informe de Mirta Espina.
Se trata de seis proyectos que serán tratados hoy en sesión extraordinaria y que recogieron el rechazo unánime de los gremios estatales y de los proveedores afectados por demoras en el pago de deudas.
El proyecto causó alarma en el sector comercial, ya que consolida todas las deudas a proveedores que mantiene el Estado provincial hasta el 11 de diciembre, las que luego de un proceso de verificación y ratificación serán pagadas mediante un bono de consolidación de deuda, a cuatro años.
En un mensaje brindado por cadena provincial, Peralta anunció la declaración de la emergencia, mencionó el envío sólo de tres de las seis leyes que efectivamente mandó a la Legislatura, al tiempo
que centró la responsabilidad del déficit en la repitencia de medidas de fuerza por parte de los distintos gremios, en especial las que afectaron la producción petrolera a lo largo de este año y años anteriores.
La declaración de emergencia establece una serie de medidas de restricción de gastos, las que estarán orientadas fundamentalmente a gastos corrientes, suspende la contratación y pases a planta transitoria de personal, con excepción de educación, salud y seguridad.
Pero el capítulo que mantiene movilizados a los gremios estatales, que anunciaran un paro de actividades para hoy con movilización hacia la Cámara de Diputados, es el contenido en el título VI de la Emergencia, que establece la modificación definitiva de la ley 1782 del sistema previsional provincial.
Con las modificaciones que pretende el gobierno y para lo cual cuenta con 22 diputados de los 24 que integran la Legislatura, en 48 horas más, quienes hasta hoy se jubilaban con 50 años (las mujeres) y 54 años (los varones), deberán esperar 10 y 11 años más, respectivamente, ya que se eleva la edad a los 60 y 65 años, aunque se fija una cláusula por la cual los trabajadores podrían jubilarse igual a la edad actual, pero serán penados con el descuento de los aportes personales y patronales hasta que cumplan la edad nacional.
Además, establece un tope para las jubilaciones, por lo cual nadie podrá cobrar una jubilación que supere en dos veces los haberes jubilatorios máximos fijados por Nación.
La norma generó también la movilización de los centros de jubilados, toda vez que establece un aporte extraordinario que va del 7 al 17% según el monto de la jubilación percibida, mientras dure la emergencia.
Según declaró Susana Ruiz, vocal por los pasivos en la Caja de Previsión, con los aportes aumentados y el descuento a jubilados, la recaudación del sistema llegaría a casi mil millones de pesos, en una Caja que hoy muestra un rojo anual de 410 millones de pesos.
Esta medida adoptada por el gobierno provincial llega después de la auditoría que durante casi 10 días estuvieron concretando enviados del Ministerio de Economía de la Nación y de la Anses.
Peralta, en su discurso, aseguró que el ordenamiento, la equidad y la reforma del régimen previsional son necesarias para "hacer frente a la situación coyuntural generada por los hechos que son de público conocimiento y estructural que atraviesa la economía de la Provincia, en su conjunto".
Acusó a los gremios de realizar medidas de fuerza "absolutamente desproporcionadas, y además, innecesarias, realizadas por sectores sindicales, tanto del ámbito petrolero como del sector docente, consistentes, fundamentalmente, en cortes de rutas y bloqueo de nuestros yacimientos petroleros ocasionaron la imposibilidad de llevar adelante la actividad hidrocarburífera en casi todo el primer semestre del año que está por finalizar".
Consideró necesario "corregir el problema financiero estructural" que hoy padecen las finanzas públicas provinciales, y señaló la distorsión en los salarios y jubilaciones en el sector.
Insistió en que se necesita "discutir de manera madura y responsable" el sistema previsional, que sea por sobre todas las cosas, "solidario y sustentable".
Dichos que fueron tomados como una burla por los gremios estatales, "pretenden sacar una ley como esta entre gallos y medianoche, a espalda del pueblo" sostuvo la Mesa de Unidad Sindical, y desde la Cámara de Comercio advirtieron que "no puede haber discusión sino hay diálogo y no hay diálogo si nos ignoran y no nos convocan".
Pese a que el gobernador en su discurso pidió "no repetir errores del pasado", Santa Cruz no sufría una declaración de Emergencia Económica desde 1991, cuando Néstor Kirchner ganó la Gobernación, en el marco de una provincia sumamente endeudada, con movilización social importante y empleados estatales que tenían sus haberes atrasados.
Al igual que entonces, la declaración de emergencia actual suspende las paritarias y las cláusulas de enganche que tienen sectores como el judicial y el legislativo.
Peralta finalmente admitió: "El esfuerzo va a ser significativo, pero nos anima la convicción absoluta de que el mismo no debe recaer en los que menos tienen y es una oportunidad irrepetible de corregir el modelo basado, fundamentalmente, en la obtención de privilegios sectoriales que siempre terminaron y van a terminar perjudicando al conjunto de los santacruceños".
Informe de Mirta Espina.
