15 de Julio de 2009 17:55
El contador que va a la DGE, con algunas cosas que explicar
Forma parte de una sociedad que habría hecho alguna operación inmobiliaria importante. Preocupación oficial, de cara a la audiencia pública previa a la votación secreta del Senado.
por MDZ Política
Desde que se supo que el contador Carlos López Puelles va a la Dirección General de Escuelas, trascendió que habría cierta preocupación entre miembros del Poder Ejecutivo, de cara a la audiencia pública que se hará antes de la votación que lo confirmará –o no- al frente de la DGE.Según se pudo verificar, Carlos López Puelles forma parte de la sociedad Sofman SA. Y el dato que preocupó a los hombres del gobierno es que el contador habría comprado a través de esta sociedad una finca en Ugarteche por un valor que sería cercano a los 450.000 dólares. Dicen que una parte importante de este dinero se pagó en efectivo, en una operación de varios meses atrás.Sofman haría negocios para sí y para terceros según se desprende del acta de su constitución, de agosto del año pasado.De acuerdo con los trascendidos, habría inquietud en el gobierno por este tema, de cara a la audiencia pública previa a la votación secreta en el Senado provincial. Hubo muchos funcionarios haciendo preguntas por este asunto.
miércoles, 29 de julio de 2009
28 de Julio de 2009 11:35
Convocan en Facebook a participar de la audiencia pública por López Puelles
La convocatoria a través de Facebook.
Un grupo de ciudadanos mendocinos "preocupados por la educación" crearon un grupo en el sitio Facebook para movilizar "organizada y racionalmente", con la mirada puesta en la audiencia pública por la designación de López Puelles al frente de la DGE. Quieren que los senadores los escuchen y no "vendan su voto".
por MDZ Política
La proposición del contador Carlos López Puelles para ocupar el cargo de director general de Escuelas levantó polvareda en los ámbitos docente, político y académico.Ahora, un grupo de internautas han creado un grupo en Facebook que convoca a participar de la audiencia pública que el senado provincial debe hacer, por mandato constitucional, para aprobar o rechazar la propuesta formulada por Celso Jaque.“Es un contador que desconoce totalmente el tema” dice el sitio de Internet y denuncia “el posible acuerdo con algunos senadores de la oposición, que sólo toman como referencia el canje de cargos”.Hasta la fecha, el sitio tiene 55 adhesiones y pretende reunir esfuerzos “organizada y racionalmente”, según señala, para “hacernos escuchar y para que se acuerden, los que ocupan cargos importantes, que están allí porque los votamos”, indica la convocatoria.Uno de los adherentes señala en el “muro” de Facebook: “Creo que uno de los requisitos mínimos que se pueden pedir a un funcionario que va a dirigir la Educación de una provincia es la demostración de idoneidad, para un cargo tan delicado, como esa área”, valor que desconoce en la persona propuesta por el Gobernador.En tono más crítico, otro participante del grupo señala: “A los políticos de Mendoza no les importa un rábanito la educación. Son obsecuentes a las necesidades de sus bolsillos. Transan y se venden como profesionales del sexo”.La designación de López Puelles en reemplazo en Iris Lima se encuentra en una etapa de interinato. Es así, hasta que el Senado realice la correspondiente audiencia pública y luego, le ponga bolillas blancas o negras a su designación, en una votación que es secreta
Convocan en Facebook a participar de la audiencia pública por López Puelles
La convocatoria a través de Facebook.
Un grupo de ciudadanos mendocinos "preocupados por la educación" crearon un grupo en el sitio Facebook para movilizar "organizada y racionalmente", con la mirada puesta en la audiencia pública por la designación de López Puelles al frente de la DGE. Quieren que los senadores los escuchen y no "vendan su voto".
por MDZ Política
La proposición del contador Carlos López Puelles para ocupar el cargo de director general de Escuelas levantó polvareda en los ámbitos docente, político y académico.Ahora, un grupo de internautas han creado un grupo en Facebook que convoca a participar de la audiencia pública que el senado provincial debe hacer, por mandato constitucional, para aprobar o rechazar la propuesta formulada por Celso Jaque.“Es un contador que desconoce totalmente el tema” dice el sitio de Internet y denuncia “el posible acuerdo con algunos senadores de la oposición, que sólo toman como referencia el canje de cargos”.Hasta la fecha, el sitio tiene 55 adhesiones y pretende reunir esfuerzos “organizada y racionalmente”, según señala, para “hacernos escuchar y para que se acuerden, los que ocupan cargos importantes, que están allí porque los votamos”, indica la convocatoria.Uno de los adherentes señala en el “muro” de Facebook: “Creo que uno de los requisitos mínimos que se pueden pedir a un funcionario que va a dirigir la Educación de una provincia es la demostración de idoneidad, para un cargo tan delicado, como esa área”, valor que desconoce en la persona propuesta por el Gobernador.En tono más crítico, otro participante del grupo señala: “A los políticos de Mendoza no les importa un rábanito la educación. Son obsecuentes a las necesidades de sus bolsillos. Transan y se venden como profesionales del sexo”.La designación de López Puelles en reemplazo en Iris Lima se encuentra en una etapa de interinato. Es así, hasta que el Senado realice la correspondiente audiencia pública y luego, le ponga bolillas blancas o negras a su designación, en una votación que es secreta
Lopez Puelles: el funcionario del ajuste.
La crisis económica mundial cada vez golpea más fuerte. A la secuencia que comenzó con despidos y suspensiones en la industria, los servicios y el comercio, siguió con la negativa empresaria y del gobierno a reconocer el deterioro salarial que sufrimos como consecuencia de la inflación, y pareciera que va a continuar con una crisis fiscal que ataca a la administración nacional y a varias provincias entre las cuales se encuentra Mendoza. Crisis fiscal que implica que los recursos estatales son insuficientes para afrontar los gastos previstos y consecuentemente la posible aparición de cuasimonedas (Lecop, Petrom), mayor deuda estatal, y atrasos en el pago de sueldos. Es en este contexto donde cobra sentido la designación del contador López Puelles al frente de la DGE. Es el funcionario del ajuste. No apelaron a asesores o a funcionarios en las sombras, directamente buscaron a alguien que gerenciara las cuentas como si se tratara de un emprendimiento privado. No hay proyecto educativo superador, simplemente lo mismo pero con menos plata.
Justamente es por todo esto que resultan lamentables las declaraciones públicas de Gustavo Maure y Cristina Raso (Lista Celeste) dándole el aval sindical a la nueva gestión. Han perdido todo tipo de legitimidad y sólo expresan de esta manera su posicionamiento político. Tratan que garantizar la “gobernabilidad” aunque esto vaya en desmedro de los intereses de los trabajadores.
Asimismo, las clases dominantes quieren que esta crisis la paguemos los trabajadores. Las patronales del campo y de la industria ya tienen proyecto: devaluación, menos impuestos a las ganancias, bajos salarios, tarifazos, más flexibilización laboral, y disminución del gasto público (salud, educación). Una simple recorrida por los diarios de las últimas semanas confirman nuestras sospechas. El dialogo político, los permanentes encuentros entre las entidades patronales con el gobierno y la oposición, la reaparición del FMI, buscan abrochar un nuevo “consenso neoliberal”.
Sabemos que este SUTE “no nos sirve” para enfrentar el ajuste. Pero también estamos convencidos que los proyectos que buscan fracturar el frente gremial como la UDA (media) y el SUCEN (celadores) es la peor camino que podemos tomar los trabajadores de la educación. No hay salidas fáciles. Todas implican mayor involucramiento de cada uno de nosotros. No esperemos encontrarlas en quienes sistemáticamente desde hace años nos han debilitado y dividido. Esta unidad que proponemos excede a nuestra organización. La tenemos que construir con todos los sectores en lucha en contra de los tarifazos, por la prohibición de los despidos y por salarios que cubran la canasta familiar real (no la del INDEC).
Les proponemos a los compañeros en las escuelas que discutamos a fondo esta problemática y que en cada escuela se formulen y construyan propuestas tendientes a recuperar el SUTE como herramienta de lucha.
Como en el INDEC
Así como en el INDEC se busca manipular arbitrariamente las estadísticas relativas a inflación, desempleo, y pobreza, en materia educativa el gobierno nacional y provincial intentan hacer lo mismo. Ante el desolador panorama que se expresa en los altísimos niveles de deserción, repitencia, sobreedad, y violencia en las escuelas, el gobierno apuesta a parches que le permitan mejorar las estadísticas: servicio cívico voluntario, Plan fines, terminalidad exitosa, etc. Complementando esto, nos propone que en estas improvisadas jornadas de receso sanitario reformulemos las evaluaciones trimestrales. No se pretende indagar sobre las causas del fracaso escolar, sino cuestionar los instrumentos de medición. No podemos seguir siendo funcionales a estas mentiras. No permitamos que se cuestione nuestra profesionalidad por un mezquino interés político. Usemos estas jornadas para debatir abiertamente toda la problemática vinculada al fracaso escolar y seguramente aparecerán una serie de problemáticas sociales y culturales que exceden nuestra responsabilidad. Exijamos al gobierno que las aborde con seriedad y responsabilidad.
Evaluemos entre todos salidas de fondo a estas problemáticas y propongamos planes de acción para su consecución.
La crisis económica mundial cada vez golpea más fuerte. A la secuencia que comenzó con despidos y suspensiones en la industria, los servicios y el comercio, siguió con la negativa empresaria y del gobierno a reconocer el deterioro salarial que sufrimos como consecuencia de la inflación, y pareciera que va a continuar con una crisis fiscal que ataca a la administración nacional y a varias provincias entre las cuales se encuentra Mendoza. Crisis fiscal que implica que los recursos estatales son insuficientes para afrontar los gastos previstos y consecuentemente la posible aparición de cuasimonedas (Lecop, Petrom), mayor deuda estatal, y atrasos en el pago de sueldos. Es en este contexto donde cobra sentido la designación del contador López Puelles al frente de la DGE. Es el funcionario del ajuste. No apelaron a asesores o a funcionarios en las sombras, directamente buscaron a alguien que gerenciara las cuentas como si se tratara de un emprendimiento privado. No hay proyecto educativo superador, simplemente lo mismo pero con menos plata.
Justamente es por todo esto que resultan lamentables las declaraciones públicas de Gustavo Maure y Cristina Raso (Lista Celeste) dándole el aval sindical a la nueva gestión. Han perdido todo tipo de legitimidad y sólo expresan de esta manera su posicionamiento político. Tratan que garantizar la “gobernabilidad” aunque esto vaya en desmedro de los intereses de los trabajadores.
Asimismo, las clases dominantes quieren que esta crisis la paguemos los trabajadores. Las patronales del campo y de la industria ya tienen proyecto: devaluación, menos impuestos a las ganancias, bajos salarios, tarifazos, más flexibilización laboral, y disminución del gasto público (salud, educación). Una simple recorrida por los diarios de las últimas semanas confirman nuestras sospechas. El dialogo político, los permanentes encuentros entre las entidades patronales con el gobierno y la oposición, la reaparición del FMI, buscan abrochar un nuevo “consenso neoliberal”.
Sabemos que este SUTE “no nos sirve” para enfrentar el ajuste. Pero también estamos convencidos que los proyectos que buscan fracturar el frente gremial como la UDA (media) y el SUCEN (celadores) es la peor camino que podemos tomar los trabajadores de la educación. No hay salidas fáciles. Todas implican mayor involucramiento de cada uno de nosotros. No esperemos encontrarlas en quienes sistemáticamente desde hace años nos han debilitado y dividido. Esta unidad que proponemos excede a nuestra organización. La tenemos que construir con todos los sectores en lucha en contra de los tarifazos, por la prohibición de los despidos y por salarios que cubran la canasta familiar real (no la del INDEC).
Les proponemos a los compañeros en las escuelas que discutamos a fondo esta problemática y que en cada escuela se formulen y construyan propuestas tendientes a recuperar el SUTE como herramienta de lucha.
Como en el INDEC
Así como en el INDEC se busca manipular arbitrariamente las estadísticas relativas a inflación, desempleo, y pobreza, en materia educativa el gobierno nacional y provincial intentan hacer lo mismo. Ante el desolador panorama que se expresa en los altísimos niveles de deserción, repitencia, sobreedad, y violencia en las escuelas, el gobierno apuesta a parches que le permitan mejorar las estadísticas: servicio cívico voluntario, Plan fines, terminalidad exitosa, etc. Complementando esto, nos propone que en estas improvisadas jornadas de receso sanitario reformulemos las evaluaciones trimestrales. No se pretende indagar sobre las causas del fracaso escolar, sino cuestionar los instrumentos de medición. No podemos seguir siendo funcionales a estas mentiras. No permitamos que se cuestione nuestra profesionalidad por un mezquino interés político. Usemos estas jornadas para debatir abiertamente toda la problemática vinculada al fracaso escolar y seguramente aparecerán una serie de problemáticas sociales y culturales que exceden nuestra responsabilidad. Exijamos al gobierno que las aborde con seriedad y responsabilidad.
Evaluemos entre todos salidas de fondo a estas problemáticas y propongamos planes de acción para su consecución.
martes, 28 de julio de 2009
Cuando huelen sangre
Por Eduardo Aliverti (Página12)
Hubo una postal en estos días: la interna de la CGT quedó notablemente relegada de los primeros planos gracias a la meteorología antártica que invadió el país hasta que, el viernes, el acostumbramiento al frío le cedió su lugar al teleteatro gremial.
Podría pensarse que las razones de espectacularidad mediática siempre estarán por delante de las cuestiones políticas-macro; pero no deja de ser sugestivo que un hecho como el cegetista, al que una mayoría de opiniones confirió carácter de decisivo para la suerte del Gobierno, haya quedado tan fácilmente secundarizado por la nieve y sus perspectivas (que de paso le sirvieron a la televisión para descubrir a la gente que vive en la calle). La circunstancia puede ser aprovechada a fin de corroborar que la heladera es en verdad el lugar que la sociedad le destina al conflicto de la burocracia sindical. “Y a mí qué con ese culebrón de atorrantes y mafiosos”, puede leerse sin temor a equivocarse en el espíritu popular. Es un dato seguro que revalida la pérdida de representatividad (¿o credibilidad, mejor?) que sufren las grandes corporaciones dirigenciales, desde antes de comienzos de siglo y con 2001/2002 como expresión contundente. Sin embargo, esa constatación no significa que la cosa pase por sí misma. La obviedad es que el hartazgo masivo frente a los modos y concreciones de la política no resuelve nada y que, mucho más aún, resulta funcional a los peores intereses de sector. La interna entre “Gordos”, “Independientes” y “Moyanistas” corre la cortina respecto de una puja de poder y negocios que ante todo consiste en eso, es cierto, y que se inscribe en el sismo producido por la derrota electoral de los K. Cuando el peronismo huele sangre, las manadas de hienas se hipersensibilizan y sólo a un tonto puede ocurrírsele que eso es simplemente una tenida conductiva. Porque hablar de lo que sucede en el peronismo –y en el caso de lo gremial es de lo único que puede hablarse– es hacerlo sobre la fuerza, imaginario, voluntad, estructura, como se quiera, sin los cuales no se puede gobernar este país. En consecuencia, aislarse de lo que acontece allí es una mirada anímicamente aceptable, pero políticamente frívola. El frío y la nieve pasan. Para suerte o desgracia, según cada quien desee verlo, el peronismo siempre está.
La lucha por su apropiación, al cabo de los resultados electorales, atraviesa todos los parámetros de la realidad realmente existente. Esa suerte de recreación de la Alianza que es el Acuerdo Cívico y Social (lo único metido como cierta cuña) ya está partido antes de arrancar en el Congreso y no consigue salir de su papel de conjunto de opinadores, incluyendo la inercial entronización de Cobos y, en forma que parece eterna, la capacidad de Carrió para destruir todo lo que construye. De modo que, otra vez, se ratifica que es hacia dentro del peronismo donde se juega lo que ocurrirá, sin que eso signifique acertarle a qué quiere decir. Hay un “diálogo” institucional al que los radicales van a comentar cosas. Por lo demás, solamente se trata de cómo el Gobierno gana tiempo después del sacudón y de cómo se posiciona el resto del peronismo. Esas dos mitades (o esos dos tercios, si quiere apreciárselo en cifras nacionales) tienen por ahora el volumen como para bombardear a la otra y nada más. La mitad o el tercio kirchnerista conserva poder de fuego para dividir al peronismo, y la mitad o el tercio disidente para acabar con los K. Se supondría, entonces, que el beneficiado es el tercio (pan)radical, pero eso tropieza claramente –visto en prospectiva de elecciones presidenciales– no ya con su división interna sino con una ausencia de liderazgo que aparece, apenas disimulada, bajo la imagen de una reproducción de De la Rúa. Más luego, Macri no quiere malquistarse con el Gobierno porque actúa que lo necesita para allegarse fondos. Reutemann, fiel a su estilo, es casi un autista procedimental que exaspera a todos. De Narváez es intragable para todos los compañeros que lo juzgan un producto publicitario, desconfiable en exceso. En definitiva, un griterío de confusos que juegan a rondas dialoguistas, en las que todo se remite a decirse con dibujo de protocolo lo que vienen diciéndose hace años; a reclamar la despedida de Guillermo Moreno (que es lo último a lo que aspiran, por supuesto, porque se quedarían sin monigote en el cual anclar discurso); y a tensar –no mucho– temas tan apasionantes como el Consejo de la Magistratura, o tan creíbles como la pobreza y la desigualdad en boca de Macri y De Narváez. Mientras tanto, los Kirchner conquistaron su tiempo de marcar agenda, con las patas cortas de cómo se seguirá tras estos ímpetus artificiales. ¿Qué hay previsto en la economía? ¿Qué sobrevendrá con el parate o la retracción, qué con la pobreza, qué con la pérdida de fuentes laborales, qué con la falta de crédito?
Un laberinto de este tamaño precisa de una aptitud simple, pero enorme, para mensurar cuáles son los bloques y alianzas sociales que están en danza. De lo contrario, todo quedará subsumido en el desconcierto y el agotamiento que provoca la visión politiquera. Hay un arco constituido por la facción agraria, con respaldo en las corporaciones mediáticas, capaz de haber convencido a vastos sectores medios de que las necesidades de aquélla son las propias. Por razones que –aquí– no vienen al caso, los “Doña Rosa” urbanos de la pampa húmeda creen que las banderas de la Sociedad Rural les pertenecen. El problema es que carecen de conducción política convincente salvo por haber tenido algo a mano para castigar al kirchnerismo, por motivos que bailan entre el rechazo al estilo gubernamental e intereses de clase. Sin embargo, ese conglomerado (al que acaba de sumarse el pliego de condiciones de la Asociación Empresaria Argentina) intuye, probablemente, que no en vano el país estalló gracias a las políticas de su preferencia; y que por lo tanto les es imprescindible un liderazgo firme que los figurones opositores están lejos de garantizar. A su turno, la alianza que por acción y defección se erigió en torno del kirchnerismo está golpeada. Una clase media-baja que más o menos se levantó al recuperarse puestos de trabajo; una media-media que volvió a sentirse tal tras las amenazas de catástrofe, y un universo marginado que en los primeros tiempos de la gestión asomó un par de pelos de abajo del agua gracias al asistencialismo, se encuentran hoy con que el Gobierno ya no parece tener las fuerzas necesarias para reimpulsarse.
¿Cuál de los esquemas prevalecerá? Difícil saberlo, porque el destino no siempre o nunca está marcado y en política suele quedar patas para arriba hasta por el influjo de imponderables. Pero hay unas preguntas de aproximación. ¿De qué se está más cerca? ¿De que lo que expresa el kirchnerismo se recomponga o de que lo que expresa a la derecha se junte?
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Por Eduardo Aliverti (Página12)
Hubo una postal en estos días: la interna de la CGT quedó notablemente relegada de los primeros planos gracias a la meteorología antártica que invadió el país hasta que, el viernes, el acostumbramiento al frío le cedió su lugar al teleteatro gremial.
Podría pensarse que las razones de espectacularidad mediática siempre estarán por delante de las cuestiones políticas-macro; pero no deja de ser sugestivo que un hecho como el cegetista, al que una mayoría de opiniones confirió carácter de decisivo para la suerte del Gobierno, haya quedado tan fácilmente secundarizado por la nieve y sus perspectivas (que de paso le sirvieron a la televisión para descubrir a la gente que vive en la calle). La circunstancia puede ser aprovechada a fin de corroborar que la heladera es en verdad el lugar que la sociedad le destina al conflicto de la burocracia sindical. “Y a mí qué con ese culebrón de atorrantes y mafiosos”, puede leerse sin temor a equivocarse en el espíritu popular. Es un dato seguro que revalida la pérdida de representatividad (¿o credibilidad, mejor?) que sufren las grandes corporaciones dirigenciales, desde antes de comienzos de siglo y con 2001/2002 como expresión contundente. Sin embargo, esa constatación no significa que la cosa pase por sí misma. La obviedad es que el hartazgo masivo frente a los modos y concreciones de la política no resuelve nada y que, mucho más aún, resulta funcional a los peores intereses de sector. La interna entre “Gordos”, “Independientes” y “Moyanistas” corre la cortina respecto de una puja de poder y negocios que ante todo consiste en eso, es cierto, y que se inscribe en el sismo producido por la derrota electoral de los K. Cuando el peronismo huele sangre, las manadas de hienas se hipersensibilizan y sólo a un tonto puede ocurrírsele que eso es simplemente una tenida conductiva. Porque hablar de lo que sucede en el peronismo –y en el caso de lo gremial es de lo único que puede hablarse– es hacerlo sobre la fuerza, imaginario, voluntad, estructura, como se quiera, sin los cuales no se puede gobernar este país. En consecuencia, aislarse de lo que acontece allí es una mirada anímicamente aceptable, pero políticamente frívola. El frío y la nieve pasan. Para suerte o desgracia, según cada quien desee verlo, el peronismo siempre está.
La lucha por su apropiación, al cabo de los resultados electorales, atraviesa todos los parámetros de la realidad realmente existente. Esa suerte de recreación de la Alianza que es el Acuerdo Cívico y Social (lo único metido como cierta cuña) ya está partido antes de arrancar en el Congreso y no consigue salir de su papel de conjunto de opinadores, incluyendo la inercial entronización de Cobos y, en forma que parece eterna, la capacidad de Carrió para destruir todo lo que construye. De modo que, otra vez, se ratifica que es hacia dentro del peronismo donde se juega lo que ocurrirá, sin que eso signifique acertarle a qué quiere decir. Hay un “diálogo” institucional al que los radicales van a comentar cosas. Por lo demás, solamente se trata de cómo el Gobierno gana tiempo después del sacudón y de cómo se posiciona el resto del peronismo. Esas dos mitades (o esos dos tercios, si quiere apreciárselo en cifras nacionales) tienen por ahora el volumen como para bombardear a la otra y nada más. La mitad o el tercio kirchnerista conserva poder de fuego para dividir al peronismo, y la mitad o el tercio disidente para acabar con los K. Se supondría, entonces, que el beneficiado es el tercio (pan)radical, pero eso tropieza claramente –visto en prospectiva de elecciones presidenciales– no ya con su división interna sino con una ausencia de liderazgo que aparece, apenas disimulada, bajo la imagen de una reproducción de De la Rúa. Más luego, Macri no quiere malquistarse con el Gobierno porque actúa que lo necesita para allegarse fondos. Reutemann, fiel a su estilo, es casi un autista procedimental que exaspera a todos. De Narváez es intragable para todos los compañeros que lo juzgan un producto publicitario, desconfiable en exceso. En definitiva, un griterío de confusos que juegan a rondas dialoguistas, en las que todo se remite a decirse con dibujo de protocolo lo que vienen diciéndose hace años; a reclamar la despedida de Guillermo Moreno (que es lo último a lo que aspiran, por supuesto, porque se quedarían sin monigote en el cual anclar discurso); y a tensar –no mucho– temas tan apasionantes como el Consejo de la Magistratura, o tan creíbles como la pobreza y la desigualdad en boca de Macri y De Narváez. Mientras tanto, los Kirchner conquistaron su tiempo de marcar agenda, con las patas cortas de cómo se seguirá tras estos ímpetus artificiales. ¿Qué hay previsto en la economía? ¿Qué sobrevendrá con el parate o la retracción, qué con la pobreza, qué con la pérdida de fuentes laborales, qué con la falta de crédito?
Un laberinto de este tamaño precisa de una aptitud simple, pero enorme, para mensurar cuáles son los bloques y alianzas sociales que están en danza. De lo contrario, todo quedará subsumido en el desconcierto y el agotamiento que provoca la visión politiquera. Hay un arco constituido por la facción agraria, con respaldo en las corporaciones mediáticas, capaz de haber convencido a vastos sectores medios de que las necesidades de aquélla son las propias. Por razones que –aquí– no vienen al caso, los “Doña Rosa” urbanos de la pampa húmeda creen que las banderas de la Sociedad Rural les pertenecen. El problema es que carecen de conducción política convincente salvo por haber tenido algo a mano para castigar al kirchnerismo, por motivos que bailan entre el rechazo al estilo gubernamental e intereses de clase. Sin embargo, ese conglomerado (al que acaba de sumarse el pliego de condiciones de la Asociación Empresaria Argentina) intuye, probablemente, que no en vano el país estalló gracias a las políticas de su preferencia; y que por lo tanto les es imprescindible un liderazgo firme que los figurones opositores están lejos de garantizar. A su turno, la alianza que por acción y defección se erigió en torno del kirchnerismo está golpeada. Una clase media-baja que más o menos se levantó al recuperarse puestos de trabajo; una media-media que volvió a sentirse tal tras las amenazas de catástrofe, y un universo marginado que en los primeros tiempos de la gestión asomó un par de pelos de abajo del agua gracias al asistencialismo, se encuentran hoy con que el Gobierno ya no parece tener las fuerzas necesarias para reimpulsarse.
¿Cuál de los esquemas prevalecerá? Difícil saberlo, porque el destino no siempre o nunca está marcado y en política suele quedar patas para arriba hasta por el influjo de imponderables. Pero hay unas preguntas de aproximación. ¿De qué se está más cerca? ¿De que lo que expresa el kirchnerismo se recomponga o de que lo que expresa a la derecha se junte?
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"Estamos mejor que hace 15 días, pero todavía no estamos bien”
El titular de la cartera sanitaria explica por qué deben reanudarse las clases tras el receso por la gripe A. Aunque cree que hoy el país no está en condiciones de producir la vacuna, sostiene que puede lograrlo en cooperación con otros países. Además habló sobre mortalidad infantil, salud reproductiva y ley antitabaco, entre otros temas
Por Mariana Carbajal (Página 12, 27-7)
“Bajaron las consultas por gripe A en un promedio de un 30 a 35 por ciento”, reveló el ministro de Salud, Juan Manzur. Pero el funcionario no se entusiasma demasiado con el dato. “Estamos mejor que hace 15 días, pero no quiere decir que estemos bien”, aclaró. Prefiere ser cauto con el tema. Acaba de regresar de la Cumbre del Mercosur, adonde viajó junto a la Presidenta. Recibe a este diario en su amplio despacho del segundo piso del edificio de 9 de Julio y Belgrano. En su escritorio se destaca una caramelera con Sugus. Manzur habla con calma, sin apuro. En un extenso reportaje con este diario puntualizó cuáles serán los ejes de su gestión, más allá de la urgencia de dar respuesta a la pandemia del virus A H1N1: “Tenemos que poner mucho énfasis en la estrategia de la atención primaria de la salud. Mi gran desafío es que toda mamá embarazada tenga cinco controles antes de que nazca su bebé, que las maternidades sean seguras, con sistema de parto humanizado y equipos médicos capacitados. El otro gran desafío es que todo niño en nuestro país tenga un esquema completo de vacunación”, afirmó. Dijo que está “a favor de la prevención” en materia de aborto; y que la Argentina debe avanzar con una ley nacional antitabaco que prohíba fumar en ambientes cerrados, sin restricciones, entre otras definiciones.
–¿Cómo está hoy la situación de la pandemia?
–Me hago eco de las palabras de la Presidenta: si nos comparamos con 15 días atrás, la situación está mejor. Eso no quiere decir que estemos bien. Ha bajado la cantidad de consultas en un porcentaje importante, dependiendo del lugar.
–¿En qué medida?
–En un promedio de entre 30 a 35 por ciento. Hay camas libres de internación en clínica médica y también para la infección respiratoria disponibilidad de camas en las áreas críticas de terapia intensiva. Toda la medicación ya está distribuida. Hay criterios uniformes y acordados con las sociedades científicas sobre a quién hay que medicar y cómo hay que medicar.
–¿Hay antivirales suficientes?
–Llegaron más de dos millones de tratamientos que se distribuyeron en todo el país. Además, tengo 500 mil tratamientos en stock y ya liberamos la provisión en farmacias. La medicación está en todo el país, es absolutamente gratuita y la disponibilidad está también asegurada.
–¿Qué impacto puede tener en la Argentina que se suspenda la ley de patentes para producir la vacuna contra la gripe A, como pidió la presidenta Cristina Fernández en la Cumbre del Mercosur?
–Sabemos que hay un grupo de empresas importantes a nivel internacional que están trabajando en la provisión de vacunas, pero al ser esto una pandemia que está en más de 160 países del mundo, corremos el riesgo de que los países más ricos puedan comprar todo el volumen de vacuna que se produzca, generando una situación muy desfavorable para los países que no tienen la posibilidad de contar con esos recursos económicos para obtenerla. Ahí tenemos que trabajar en dos capítulos: primero la cooperación técnica y la transferencia de tecnología. Esto lo hablé con el ministro de Salud de Brasil. Quedamos en ponernos en contacto el lunes (por hoy). Seguramente en el curso de la semana vamos a mantener una reunión para ver de qué manera podemos sumar esfuerzos y coordinar acciones. En este sentido, ante una situación atípica, de una pandemia, también hay que plantear respuestas por fuera de los cánones normales. Entonces la presidenta de la Nación lo que está planteando es flexibilizar las patentes internacionales con la idea de que con la transferencia de tecnología, los países también tengan la capacidad de poder desarrollar la vacuna. Están en juego millones de vidas en todo el planeta.
–¿La Argentina está en condiciones de fabricar una vacuna contra la gripe A?
–Hoy nuestro país no tiene la capacidad de fabricar este tipo de vacunas. Pero generando este marco de cooperación técnica y de transferencia de tecnología, en forma conjunta con otros países estaríamos en condiciones de poder en un futuro cercano llegar a fabricarla.
–¿Para el año próximo?
–Sería una opción. Es un tema que lo vamos a discutir todos los ministros de Salud de la Unasur entre el 8 y 9 de agosto, con los equipos técnicos, científicos, las agencias internacionales como OPS y OMS, para ver de qué manera sumamos esfuerzos para superar esta situación.
–¿Se pudieron haber evitado muertes por gripe A?
–Es difícil poder decirlo.
–¿Hubo decisiones erróneas en la forma en que se enfrentó la pandemia desde su inicio?
–Es un virus que no solo nosotros, el mundo, está aprendiendo a conocer. En relación con la etapa de contención, de bloqueo de foco, con la capacidad de nuestros laboratorios, se actuó de forma correcta y siguiendo la evolución de las curvas epidemiológicas.
–Algunos especialistas hablan de que podría haber un rebrote del virus en agosto, que coincidiría con el reinicio de las clases. ¿Está bien que los chicos vuelvan a la escuela?
–Tienen que volver a clases. Es la recomendación que tenemos de nuestros expertos. En el mundo no hay antecedentes de las decisiones que tomó la Argentina en la intervención que hizo para frenar la epidemia. Protegimos desde el Estado a los grupos más vulnerables, a los chicos –con la suspensión de clases– y a las embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos, oncológicos, recomendando que se quedaran en sus casas. La intervención del Estado fue activa.
–Dejemos la pandemia de lado. ¿Cuáles serán los ejes de su gestión más allá de la gripe A?
–Aspiro a que el Ministerio de Salud sea el organismo rector, conductor y normativo de la salud en nuestro país. Esa es la primera gran definición. En cuanto a lo central, tenemos que poner mucho énfasis en la estrategia de la atención primaria de la salud. La respuesta en salud se genera en un 75 por ciento en nuestros centros de atención primaria de salud, que es donde tenemos que poner especial control. Mi gran desafío es que toda mamá embarazada tenga cinco controles antes de que nazca su bebé. El otro gran desafío es que todo niño en nuestro país tenga un esquema completo de vacunación.
–¿Disminuyó el nivel de vacunación?
–Pedí un informe que voy a tener el miércoles, desglosado por provincia. Ahí veremos qué pasó. Volviendo a los ejes de mi gestión, he conversado con la presidenta de la Nación en la idea de empezar una refuncionalización de la estructura sanitaria en el país. Nuestro gran desafío es que nuestras maternidades sean seguras, con sistema de parto humanizado, con equipos de salud capacitado. La capacitación permanente es responsabilidad del Estado. Hay que seguir insistiendo mucho con la prescripción de la medicación por el nombre genérico. He conversado con la Presidenta la necesidad de reforzar aún más la presencia del Programa Remediar.
–La principal causa de mortalidad materna en la Argentina hace más de veinte años son las consecuencias de abortos inseguros. El marco legal restrictivo hace que las mujeres recurran tardíamente a atenderse frente a complicaciones. ¿Está a favor de la despenalización del aborto?
–Estoy a favor de la prevención básicamente.
–¿Y de la despenalización?
–No. Hay una ley de planificación familiar. La ley es clara, hay que cumplirla, y básicamente pasa por una cuestión de la educación.
–Entre las obligaciones que tiene por esa ley el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que depende del Ministerio de Salud, está comprar y distribuir a las provincias anticonceptivos. En el último año y medio se cortó la entrega en algunos momentos y faltaron métodos en distintas jurisdicciones.
–Ya he dado la instrucción y los vamos a normalizar a la brevedad.
–Antes de dejar el ministerio, Ginés González García dejó elaborada una guía integral de atención de los abortos no punibles, en cuya redacción participó un equipo interdisciplinario de primer nivel, que estableció un protocolo para los casos previstos como excepciones en el Código Penal. Graciela Ocaña nunca la distribuyó ni le dio difusión. ¿Usted qué hará con ese documento?
–No la conozco. Hay que apoyarse en nuestros expertos, en las sociedades científicas y en función de eso, lo que nos recomienden y nos sugieren, vamos a compartirlo en el órgano que es el Consejo Federal de Salud, donde se comparten, se discuten, se consensúan y fundamentalmente se implementan las políticas nacionales.
–¿Está disponible ya el índice de mortalidad infantil de 2008, que aún no se difundió?
–Todavía no.
–El último registro, correspondiente a 2007, mostró un aumento: subió de 12,5 muertes cada mil nacidos vivos en 2006 a 13,3 por mil, según las estadísticas oficiales.
–Vamos a ver las causas y en función de eso habrá que hacer intervenciones activas lo más rápido posible para revertir esta situación.
–¿Qué tipo de acciones?
–Vamos a pensarlas en la medida en que entendamos qué pasó.
–Se presume que habrá un rebrote del dengue a partir de la primavera. ¿Cómo se prepara para enfrentarlo?
–Lo que me pidió la Presidenta es un plan integral e integrado. ¿Qué significa? Desde el Estado y trabajando en forma conjunta con la comunidad organizada, es la estrategia para combatir el dengue. Somos conscientes de que ya tenemos dengue autóctono. Estamos haciendo un plan de abordaje en el cual cada área y cada sector tendrá su rol: los municipios, las provincias, la Secretaría de Ambiente, los ministerios de De-sarrollo Social, Obras Públicas, Ciencia y Técnica y obviamente Salud también tendrá su rol importante en el abordaje de la lucha contra el dengue.
–¿Quién está elaborando ese plan?
–Ya tenemos el primer borrador. Lo estamos compartiendo con los equipos técnicos de los distintos ministerios. Nos está asesorando la Organización Panamericana de la Salud. Buscamos disminuir al máximo la posibilidad de contagio para lo cual es básico el descacharrizado. No es solo una cuestión de salud sino que intervienen más actores.
–La gerencia de la Administración de Programas Especiales, que administra fondos de las obras sociales, está vacante luego de que fuera desplazado Mario Koltan, la persona que usted había designado al asumir. ¿Quién va a nombrar al reemplazante?
–Quedamos en conversarlo con la presidenta de la Nación.
–¿Cuándo?
–Vamos a verlo la semana que viene. Vamos a identificar un hombre, ver un perfil para el cargo, y en función de eso, vamos a decidir.
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El titular de la cartera sanitaria explica por qué deben reanudarse las clases tras el receso por la gripe A. Aunque cree que hoy el país no está en condiciones de producir la vacuna, sostiene que puede lograrlo en cooperación con otros países. Además habló sobre mortalidad infantil, salud reproductiva y ley antitabaco, entre otros temas
Por Mariana Carbajal (Página 12, 27-7)
“Bajaron las consultas por gripe A en un promedio de un 30 a 35 por ciento”, reveló el ministro de Salud, Juan Manzur. Pero el funcionario no se entusiasma demasiado con el dato. “Estamos mejor que hace 15 días, pero no quiere decir que estemos bien”, aclaró. Prefiere ser cauto con el tema. Acaba de regresar de la Cumbre del Mercosur, adonde viajó junto a la Presidenta. Recibe a este diario en su amplio despacho del segundo piso del edificio de 9 de Julio y Belgrano. En su escritorio se destaca una caramelera con Sugus. Manzur habla con calma, sin apuro. En un extenso reportaje con este diario puntualizó cuáles serán los ejes de su gestión, más allá de la urgencia de dar respuesta a la pandemia del virus A H1N1: “Tenemos que poner mucho énfasis en la estrategia de la atención primaria de la salud. Mi gran desafío es que toda mamá embarazada tenga cinco controles antes de que nazca su bebé, que las maternidades sean seguras, con sistema de parto humanizado y equipos médicos capacitados. El otro gran desafío es que todo niño en nuestro país tenga un esquema completo de vacunación”, afirmó. Dijo que está “a favor de la prevención” en materia de aborto; y que la Argentina debe avanzar con una ley nacional antitabaco que prohíba fumar en ambientes cerrados, sin restricciones, entre otras definiciones.
–¿Cómo está hoy la situación de la pandemia?
–Me hago eco de las palabras de la Presidenta: si nos comparamos con 15 días atrás, la situación está mejor. Eso no quiere decir que estemos bien. Ha bajado la cantidad de consultas en un porcentaje importante, dependiendo del lugar.
–¿En qué medida?
–En un promedio de entre 30 a 35 por ciento. Hay camas libres de internación en clínica médica y también para la infección respiratoria disponibilidad de camas en las áreas críticas de terapia intensiva. Toda la medicación ya está distribuida. Hay criterios uniformes y acordados con las sociedades científicas sobre a quién hay que medicar y cómo hay que medicar.
–¿Hay antivirales suficientes?
–Llegaron más de dos millones de tratamientos que se distribuyeron en todo el país. Además, tengo 500 mil tratamientos en stock y ya liberamos la provisión en farmacias. La medicación está en todo el país, es absolutamente gratuita y la disponibilidad está también asegurada.
–¿Qué impacto puede tener en la Argentina que se suspenda la ley de patentes para producir la vacuna contra la gripe A, como pidió la presidenta Cristina Fernández en la Cumbre del Mercosur?
–Sabemos que hay un grupo de empresas importantes a nivel internacional que están trabajando en la provisión de vacunas, pero al ser esto una pandemia que está en más de 160 países del mundo, corremos el riesgo de que los países más ricos puedan comprar todo el volumen de vacuna que se produzca, generando una situación muy desfavorable para los países que no tienen la posibilidad de contar con esos recursos económicos para obtenerla. Ahí tenemos que trabajar en dos capítulos: primero la cooperación técnica y la transferencia de tecnología. Esto lo hablé con el ministro de Salud de Brasil. Quedamos en ponernos en contacto el lunes (por hoy). Seguramente en el curso de la semana vamos a mantener una reunión para ver de qué manera podemos sumar esfuerzos y coordinar acciones. En este sentido, ante una situación atípica, de una pandemia, también hay que plantear respuestas por fuera de los cánones normales. Entonces la presidenta de la Nación lo que está planteando es flexibilizar las patentes internacionales con la idea de que con la transferencia de tecnología, los países también tengan la capacidad de poder desarrollar la vacuna. Están en juego millones de vidas en todo el planeta.
–¿La Argentina está en condiciones de fabricar una vacuna contra la gripe A?
–Hoy nuestro país no tiene la capacidad de fabricar este tipo de vacunas. Pero generando este marco de cooperación técnica y de transferencia de tecnología, en forma conjunta con otros países estaríamos en condiciones de poder en un futuro cercano llegar a fabricarla.
–¿Para el año próximo?
–Sería una opción. Es un tema que lo vamos a discutir todos los ministros de Salud de la Unasur entre el 8 y 9 de agosto, con los equipos técnicos, científicos, las agencias internacionales como OPS y OMS, para ver de qué manera sumamos esfuerzos para superar esta situación.
–¿Se pudieron haber evitado muertes por gripe A?
–Es difícil poder decirlo.
–¿Hubo decisiones erróneas en la forma en que se enfrentó la pandemia desde su inicio?
–Es un virus que no solo nosotros, el mundo, está aprendiendo a conocer. En relación con la etapa de contención, de bloqueo de foco, con la capacidad de nuestros laboratorios, se actuó de forma correcta y siguiendo la evolución de las curvas epidemiológicas.
–Algunos especialistas hablan de que podría haber un rebrote del virus en agosto, que coincidiría con el reinicio de las clases. ¿Está bien que los chicos vuelvan a la escuela?
–Tienen que volver a clases. Es la recomendación que tenemos de nuestros expertos. En el mundo no hay antecedentes de las decisiones que tomó la Argentina en la intervención que hizo para frenar la epidemia. Protegimos desde el Estado a los grupos más vulnerables, a los chicos –con la suspensión de clases– y a las embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos, oncológicos, recomendando que se quedaran en sus casas. La intervención del Estado fue activa.
–Dejemos la pandemia de lado. ¿Cuáles serán los ejes de su gestión más allá de la gripe A?
–Aspiro a que el Ministerio de Salud sea el organismo rector, conductor y normativo de la salud en nuestro país. Esa es la primera gran definición. En cuanto a lo central, tenemos que poner mucho énfasis en la estrategia de la atención primaria de la salud. La respuesta en salud se genera en un 75 por ciento en nuestros centros de atención primaria de salud, que es donde tenemos que poner especial control. Mi gran desafío es que toda mamá embarazada tenga cinco controles antes de que nazca su bebé. El otro gran desafío es que todo niño en nuestro país tenga un esquema completo de vacunación.
–¿Disminuyó el nivel de vacunación?
–Pedí un informe que voy a tener el miércoles, desglosado por provincia. Ahí veremos qué pasó. Volviendo a los ejes de mi gestión, he conversado con la presidenta de la Nación en la idea de empezar una refuncionalización de la estructura sanitaria en el país. Nuestro gran desafío es que nuestras maternidades sean seguras, con sistema de parto humanizado, con equipos de salud capacitado. La capacitación permanente es responsabilidad del Estado. Hay que seguir insistiendo mucho con la prescripción de la medicación por el nombre genérico. He conversado con la Presidenta la necesidad de reforzar aún más la presencia del Programa Remediar.
–La principal causa de mortalidad materna en la Argentina hace más de veinte años son las consecuencias de abortos inseguros. El marco legal restrictivo hace que las mujeres recurran tardíamente a atenderse frente a complicaciones. ¿Está a favor de la despenalización del aborto?
–Estoy a favor de la prevención básicamente.
–¿Y de la despenalización?
–No. Hay una ley de planificación familiar. La ley es clara, hay que cumplirla, y básicamente pasa por una cuestión de la educación.
–Entre las obligaciones que tiene por esa ley el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que depende del Ministerio de Salud, está comprar y distribuir a las provincias anticonceptivos. En el último año y medio se cortó la entrega en algunos momentos y faltaron métodos en distintas jurisdicciones.
–Ya he dado la instrucción y los vamos a normalizar a la brevedad.
–Antes de dejar el ministerio, Ginés González García dejó elaborada una guía integral de atención de los abortos no punibles, en cuya redacción participó un equipo interdisciplinario de primer nivel, que estableció un protocolo para los casos previstos como excepciones en el Código Penal. Graciela Ocaña nunca la distribuyó ni le dio difusión. ¿Usted qué hará con ese documento?
–No la conozco. Hay que apoyarse en nuestros expertos, en las sociedades científicas y en función de eso, lo que nos recomienden y nos sugieren, vamos a compartirlo en el órgano que es el Consejo Federal de Salud, donde se comparten, se discuten, se consensúan y fundamentalmente se implementan las políticas nacionales.
–¿Está disponible ya el índice de mortalidad infantil de 2008, que aún no se difundió?
–Todavía no.
–El último registro, correspondiente a 2007, mostró un aumento: subió de 12,5 muertes cada mil nacidos vivos en 2006 a 13,3 por mil, según las estadísticas oficiales.
–Vamos a ver las causas y en función de eso habrá que hacer intervenciones activas lo más rápido posible para revertir esta situación.
–¿Qué tipo de acciones?
–Vamos a pensarlas en la medida en que entendamos qué pasó.
–Se presume que habrá un rebrote del dengue a partir de la primavera. ¿Cómo se prepara para enfrentarlo?
–Lo que me pidió la Presidenta es un plan integral e integrado. ¿Qué significa? Desde el Estado y trabajando en forma conjunta con la comunidad organizada, es la estrategia para combatir el dengue. Somos conscientes de que ya tenemos dengue autóctono. Estamos haciendo un plan de abordaje en el cual cada área y cada sector tendrá su rol: los municipios, las provincias, la Secretaría de Ambiente, los ministerios de De-sarrollo Social, Obras Públicas, Ciencia y Técnica y obviamente Salud también tendrá su rol importante en el abordaje de la lucha contra el dengue.
–¿Quién está elaborando ese plan?
–Ya tenemos el primer borrador. Lo estamos compartiendo con los equipos técnicos de los distintos ministerios. Nos está asesorando la Organización Panamericana de la Salud. Buscamos disminuir al máximo la posibilidad de contagio para lo cual es básico el descacharrizado. No es solo una cuestión de salud sino que intervienen más actores.
–La gerencia de la Administración de Programas Especiales, que administra fondos de las obras sociales, está vacante luego de que fuera desplazado Mario Koltan, la persona que usted había designado al asumir. ¿Quién va a nombrar al reemplazante?
–Quedamos en conversarlo con la presidenta de la Nación.
–¿Cuándo?
–Vamos a verlo la semana que viene. Vamos a identificar un hombre, ver un perfil para el cargo, y en función de eso, vamos a decidir.
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26 de Julio de 2009 08:01
Jóvenes que no trabajan ni estudian: una invitación a la condena social
Ulises Naranjo / MDZ.
Jóvenes, sin trabajo y con changas indignantes.
En Mendoza hay unas 30.000 personas de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan. El sistema, a muchos de ellos los empuja a la decepción y la inacción social y sus consecuencias. Aquí, una iniciativa saludable que puede cambiar el rumbo a un sector de la comunidad especialmente vulnerable y estigmatizado.
por Ulises Naranjo
La vida para decenas de miles de jóvenes es una cinta transportada que comienza a trasladarlos hacia la tumba desde que el destino los aloja –bajo la discreta forma de la semilla– en el seno materno. Así, la pobreza encara la forma, ya no de clase social desfavorecida, sino de condena. La relación es inversamente proporcional: a mayor pobreza, menores posibilidades. Entonces, en las panzas de sus fatigadas madres, esos pequeños seres, que van enhebrando las primeras formas del latido, comienzan a recibir golpes, palos, mordidas, pisotones, aguas heladas, aguas calientes y abandonos meditados. Nacen, lloran, callan y crecen. Después, cuando son un poco más grandes, descubren o intuyen que eso que llamamos sociedad es, en realidad, una corporación que se dedica a fabricar delincuentes. Por fortuna, sólo un pequeña, pequeñísima, parte de los chicos que se hacen jóvenes se dejan tentar por el delito, pero los que lo hacen tienen tatuadas entre los ojos las iniciales de lo definitivo. Allí las ven cuando se miran al espejo, reconcentrados. Así, aprietan los puños, se sienten fuertes, víctimas justificadas, vengadores de sí mismos. Y salen a la calle: ha llegado la hora de devolver los palos, golpes, mordidas, pisotones recibidos desde el seno materno. No les importa nada, porque la vida, lo más precioso, lo más valioso, en realidad, no vale nada. ¿Querés matarme? Ya estoy muerto. ¿No querés que te mate? Está bien, tenés razón, pero te mato o te afano o te cojo o te lastimo y después, ya más relajado por hoy, me voy a tomar una birra con los vagos y a fumar un porrito, dulzón y milagroso: tanto que es capaz de arrancarme una sonrisa. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los jóvenes de Mendoza? Una mínima parte, se envía por Internet las fotos del viaje a Disney, Cancún o Roma y chatea con amigos de Illinois. Una gran parte vive y crece con saludable ritmo obrero y otra gran parte anda por ahí, desconcertados como fantasmas en altamar, sin sabe qué hacer con sus manos y su futuro. Hablo de decenas de miles de hermosos jóvenes que, en la provincia, no estudian ni trabajan ni chorean. ¿Qué hacemos con ellos, habida cuenta de que son demasiados como para esconderlos debajo de la alfombra? A esta altura, ya no importa sin son delincuentes o no, pues cierto establishment con enorme capacidad de síntesis y amor por la cocina gourmet ha dado con la receta para catalogarlos. Es esta: “Mezcle usted una cucharada de pobreza y otra de juventud; agréguele un buzo con capucha, zapatillas de colores y jeanes arrugados; bata la mezcla al ritmo de un rock, un cumbia o un rap y, al cabo de tres minutos, obtendrá un delincuente. Nota: de acuerdo a la calidad de la mezcla será la calidad del delincuente que obtenga. Aquellos que no pensamos así, pensamos asá. Y asá nos dice que la enorme mayoría de los pobres jóvenes de Mendoza no sólo no son delincuentes, sino que son víctimas de la falta de oportunidades que hay. Y como hoy no quiero pasar por chillón y quejoso, voy a rescatar una iniciativa oficial ejemplar para intentar contenerlos. Vamos a ella. Cambiar la cerveza y el porro Hay un programa muy particular y saludable que involucra a la Nación, a la Provincia y a los municipios y que bien vale la pena resaltar y conocer. Se llama “Jóvenes con más y mejor trabajo”. Se trata de “un conjunto de prestaciones integradas de apoyo a la construcción e implementación de un proyecto formativo y ocupacional destinado a los jóvenes con el objetivo de proporcionarles oportunidades laborales vinculadas con sus perfiles, sus expectativas y sus entornos”, indica la web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El objetivo del programa es generar oportunidades de inclusión social y laboral de los jóvenes, a través de acciones integradas, “que les permitan construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo”, se indica.El encargado de llevar adelante en Mendoza este plan es Diego Petignano. Charlemos con él. - ¿A quiénes apuntan con este programa? - A jóvenes de 18 a 24 años que no tengan trabajo y que no hayan terminado sus estudios. Los menores de 18 años no pueden ser considerados porque si trabajan y tienen esa edad o menos, se considera que es trabajo infantil y, por tanto, ilegal. - El asunto es discutible, porque dejás afuera a miles de jóvenes de, por ejemplo, 16, 17 y 18 años… - Sí, es verdad. Es un asunto polémico, pero hay que hacer lo que manda la ley y la Organización Internacional del Trabajo respecto del trabajo infantil. - ¿Cuántos jóvenes de 18 a 24 sin trabajo ni escuela hay en Mendoza? - La DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) estima que hay 130.000 jóvenes de esa edad en Mendoza. De ellos, los que no estudian ni trabajan son unos 30.000. Con este plan, que se lanzó el 25 de junio pasado, aspiramos a llegar, con el tiempo, a los 30.000 chicos que nos interesan. En particular, queremos abordar a chicos de todos los departamentos que no están haciendo nada, para que cambien la cerveza y el porro, por la participación en esta idea. - ¿En qué consiste concretamente el plan? - En conectar a esos jóvenes y ofrecerles un menú de opciones, que involucran la terminalidad educativa, la capacitación en oficios y microemprendimiento e incluso convenios de pasantías en empresas de sus departamentos. Un ingrediente importante es que se ofrecen incentivos al cumplimiento de las etapas. Esto es nuevo en relación a otros planes. - ¿Qué son los “incentivos”? - A todo joven que esté dentro del programa y cumpla con los requisitos se le entregarán 150 pesos por mes. Después, cada vez que cumpla un tramo del plan que se traza en conjunto, gana otros 150 pesos. Por ejemplo, si realiza un curso de capacitación en plomería de dos meses, se le paga al finalizar el curso 300 pesos, porque fueron dos meses de tarea. Esta plata se le da aparte de los 150 mensuales que viene recibiendo. - ¿En qué etapa están ahora? - Estamos capacitando a los capacitadores de los municipios. Son unos cinco o seis jóvenes por comuna, que están en los últimos años de sus carreras universitarias relacionadas con el tema. Hay estudiantes de Trabajo Social, Sociología, Ciencias Políticas, Abogacía que trabajarán en sus departamentos… Lo importante es que es una idea transversal, de la que participan Nación, la provincia, las comunas, la Dirección General de Escuelas y, más adelante, organizaciones sociales y empresas privadas. - ¿Cuánta plata han destinado a esto?; ¿la van a tener asegurada? - El financiamiento proviene de un préstamo del Banco Mundial, lo cual garantiza que la plata sí o sí esté disponible. Se trata de unos 150 millones de dólares en todo el país. - ¿Con qué departamentos empezaron a trabajar? - En esta primera etapa, con los ocho municipios que tienen oficinas de empleo montadas: San Rafael, Guaymallén, San Martín, Las Heras, Alvear, Malagüe, Lavalle y Maipú - ¡Son todas comunas peronistas!- Es una coincidencia. Ahora se incorporan Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato. La idea es que, ni bien cada comuna monte su oficina de empleo, se ponga a trabajar con nosotros, bajo el monitoreo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Pues bien, qué nos resta esperar, sino que efectivamente esta idea, que venimos reclamando, se lleve a cabo. Estaremos atentos a la hora de ir cubriendo el debido cumplimiento de cada una de sus etapas.
Jóvenes que no trabajan ni estudian: una invitación a la condena social
Ulises Naranjo / MDZ.
Jóvenes, sin trabajo y con changas indignantes.
En Mendoza hay unas 30.000 personas de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan. El sistema, a muchos de ellos los empuja a la decepción y la inacción social y sus consecuencias. Aquí, una iniciativa saludable que puede cambiar el rumbo a un sector de la comunidad especialmente vulnerable y estigmatizado.
por Ulises Naranjo
La vida para decenas de miles de jóvenes es una cinta transportada que comienza a trasladarlos hacia la tumba desde que el destino los aloja –bajo la discreta forma de la semilla– en el seno materno. Así, la pobreza encara la forma, ya no de clase social desfavorecida, sino de condena. La relación es inversamente proporcional: a mayor pobreza, menores posibilidades. Entonces, en las panzas de sus fatigadas madres, esos pequeños seres, que van enhebrando las primeras formas del latido, comienzan a recibir golpes, palos, mordidas, pisotones, aguas heladas, aguas calientes y abandonos meditados. Nacen, lloran, callan y crecen. Después, cuando son un poco más grandes, descubren o intuyen que eso que llamamos sociedad es, en realidad, una corporación que se dedica a fabricar delincuentes. Por fortuna, sólo un pequeña, pequeñísima, parte de los chicos que se hacen jóvenes se dejan tentar por el delito, pero los que lo hacen tienen tatuadas entre los ojos las iniciales de lo definitivo. Allí las ven cuando se miran al espejo, reconcentrados. Así, aprietan los puños, se sienten fuertes, víctimas justificadas, vengadores de sí mismos. Y salen a la calle: ha llegado la hora de devolver los palos, golpes, mordidas, pisotones recibidos desde el seno materno. No les importa nada, porque la vida, lo más precioso, lo más valioso, en realidad, no vale nada. ¿Querés matarme? Ya estoy muerto. ¿No querés que te mate? Está bien, tenés razón, pero te mato o te afano o te cojo o te lastimo y después, ya más relajado por hoy, me voy a tomar una birra con los vagos y a fumar un porrito, dulzón y milagroso: tanto que es capaz de arrancarme una sonrisa. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los jóvenes de Mendoza? Una mínima parte, se envía por Internet las fotos del viaje a Disney, Cancún o Roma y chatea con amigos de Illinois. Una gran parte vive y crece con saludable ritmo obrero y otra gran parte anda por ahí, desconcertados como fantasmas en altamar, sin sabe qué hacer con sus manos y su futuro. Hablo de decenas de miles de hermosos jóvenes que, en la provincia, no estudian ni trabajan ni chorean. ¿Qué hacemos con ellos, habida cuenta de que son demasiados como para esconderlos debajo de la alfombra? A esta altura, ya no importa sin son delincuentes o no, pues cierto establishment con enorme capacidad de síntesis y amor por la cocina gourmet ha dado con la receta para catalogarlos. Es esta: “Mezcle usted una cucharada de pobreza y otra de juventud; agréguele un buzo con capucha, zapatillas de colores y jeanes arrugados; bata la mezcla al ritmo de un rock, un cumbia o un rap y, al cabo de tres minutos, obtendrá un delincuente. Nota: de acuerdo a la calidad de la mezcla será la calidad del delincuente que obtenga. Aquellos que no pensamos así, pensamos asá. Y asá nos dice que la enorme mayoría de los pobres jóvenes de Mendoza no sólo no son delincuentes, sino que son víctimas de la falta de oportunidades que hay. Y como hoy no quiero pasar por chillón y quejoso, voy a rescatar una iniciativa oficial ejemplar para intentar contenerlos. Vamos a ella. Cambiar la cerveza y el porro Hay un programa muy particular y saludable que involucra a la Nación, a la Provincia y a los municipios y que bien vale la pena resaltar y conocer. Se llama “Jóvenes con más y mejor trabajo”. Se trata de “un conjunto de prestaciones integradas de apoyo a la construcción e implementación de un proyecto formativo y ocupacional destinado a los jóvenes con el objetivo de proporcionarles oportunidades laborales vinculadas con sus perfiles, sus expectativas y sus entornos”, indica la web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El objetivo del programa es generar oportunidades de inclusión social y laboral de los jóvenes, a través de acciones integradas, “que les permitan construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo”, se indica.El encargado de llevar adelante en Mendoza este plan es Diego Petignano. Charlemos con él. - ¿A quiénes apuntan con este programa? - A jóvenes de 18 a 24 años que no tengan trabajo y que no hayan terminado sus estudios. Los menores de 18 años no pueden ser considerados porque si trabajan y tienen esa edad o menos, se considera que es trabajo infantil y, por tanto, ilegal. - El asunto es discutible, porque dejás afuera a miles de jóvenes de, por ejemplo, 16, 17 y 18 años… - Sí, es verdad. Es un asunto polémico, pero hay que hacer lo que manda la ley y la Organización Internacional del Trabajo respecto del trabajo infantil. - ¿Cuántos jóvenes de 18 a 24 sin trabajo ni escuela hay en Mendoza? - La DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) estima que hay 130.000 jóvenes de esa edad en Mendoza. De ellos, los que no estudian ni trabajan son unos 30.000. Con este plan, que se lanzó el 25 de junio pasado, aspiramos a llegar, con el tiempo, a los 30.000 chicos que nos interesan. En particular, queremos abordar a chicos de todos los departamentos que no están haciendo nada, para que cambien la cerveza y el porro, por la participación en esta idea. - ¿En qué consiste concretamente el plan? - En conectar a esos jóvenes y ofrecerles un menú de opciones, que involucran la terminalidad educativa, la capacitación en oficios y microemprendimiento e incluso convenios de pasantías en empresas de sus departamentos. Un ingrediente importante es que se ofrecen incentivos al cumplimiento de las etapas. Esto es nuevo en relación a otros planes. - ¿Qué son los “incentivos”? - A todo joven que esté dentro del programa y cumpla con los requisitos se le entregarán 150 pesos por mes. Después, cada vez que cumpla un tramo del plan que se traza en conjunto, gana otros 150 pesos. Por ejemplo, si realiza un curso de capacitación en plomería de dos meses, se le paga al finalizar el curso 300 pesos, porque fueron dos meses de tarea. Esta plata se le da aparte de los 150 mensuales que viene recibiendo. - ¿En qué etapa están ahora? - Estamos capacitando a los capacitadores de los municipios. Son unos cinco o seis jóvenes por comuna, que están en los últimos años de sus carreras universitarias relacionadas con el tema. Hay estudiantes de Trabajo Social, Sociología, Ciencias Políticas, Abogacía que trabajarán en sus departamentos… Lo importante es que es una idea transversal, de la que participan Nación, la provincia, las comunas, la Dirección General de Escuelas y, más adelante, organizaciones sociales y empresas privadas. - ¿Cuánta plata han destinado a esto?; ¿la van a tener asegurada? - El financiamiento proviene de un préstamo del Banco Mundial, lo cual garantiza que la plata sí o sí esté disponible. Se trata de unos 150 millones de dólares en todo el país. - ¿Con qué departamentos empezaron a trabajar? - En esta primera etapa, con los ocho municipios que tienen oficinas de empleo montadas: San Rafael, Guaymallén, San Martín, Las Heras, Alvear, Malagüe, Lavalle y Maipú - ¡Son todas comunas peronistas!- Es una coincidencia. Ahora se incorporan Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato. La idea es que, ni bien cada comuna monte su oficina de empleo, se ponga a trabajar con nosotros, bajo el monitoreo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Pues bien, qué nos resta esperar, sino que efectivamente esta idea, que venimos reclamando, se lleve a cabo. Estaremos atentos a la hora de ir cubriendo el debido cumplimiento de cada una de sus etapas.
lunes, 27 de julio de 2009
La Corte define cuánto pagará Jaque por la antigüedad
El plenario del máximo tribunal resolverá en los próximos días si el Estado adeuda dos o seis años del ítem congelado y si es legal recortar los salarios.
lunes, 27 de julio de 2009
"Es uno de los primeros temas que vamos a resolver luego de la feria", confirmó a Los Andes uno de los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. La consulta se refería al plenario de la Suprema Corte que en los próximos días buscará unificar la jurisprudencia local determinando hasta dónde son válidos los reclamos de empleados públicos que piden por antigüedades adeudadas desde los gobiernos de Arturo Lafalla y Roberto Iglesias y hasta dónde el Estado tiene la facultad de recortar los sueldos de sus empleados en épocas de emergencia. Hoy vuelve la actividad en Tribunales provinciales.Allí existen fallos anteriores absolutamente contrapuestos en las cuales, por un lado, hubo conjueces (abogados en función de jueces) que dictaminaron que el Estado debía devolver actualizado todo el monto que recortó en los salarios, sin ninguna prescripción de derechos para los empleados. Por el otro, la Sala Uno de la Suprema Corte dictaminó que el Estado puede recortar (hasta un 20%) los sueldos de sus empleados en época de emergencia y que los reclamos de los afectados prescriben (sólo reconoció dos sobre seis años reclamados).La existencia de dos criterios tan absolutamente alejados entre sí en un mismo Poder Judicial provocó que algunos empleados públicos reclamantes fueran beneficiados por conjueces que perjudicaron al Estado, mientras otros resultaron perjudicados por jueces de la Suprema Corte que beneficiaron al Estado. La diferencia en los montos que cobraron unos y otros empleados públicos fue de tres a uno. En el medio, una infinidad de empleados públicos acordó extrajudicialmente con el Estado la devolución de montos intermedios en cuotas.La decisión que deberá adoptar la Suprema Corte no es menor porque está pendiente de resolución un expediente denominado "Caso Cañas" que llegó a involucrar a unos 18 mil trabajadores estatales que en su momento iniciaron acciones contra el Estado reclamando por la antigüedad no abonada durante los gobiernos de Lafalla e Iglesias. El número de reclamantes hoy es menor ya que muchos de ellos aceptaron los acuerdos extrajudiciales. Pero según el criterio de resolución final de la Suprema Corte, el actual gobierno de Celso Jaque deberá pagar entre 30 millones y 100 millones de pesos, de acuerdo con cálculos extraoficiales. La decisión será adoptada por el voto mayoritario entre los siete miembros de la Suprema Corte. Se estima que Fernando Romano podría votar a favor de los empleados reclamantes mientras que Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde, a favor del Estado. Definirán los votos de Herman Salvini, Pedro Llorente y Carlos Böhm o, en última instancia, el del presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares. Es que entre los ministros de la Suprema Corte, algunos consideran que el derecho asiste más a los empleados reclamantes y otros al Estado demandado. Blanco o negroEn marzo pasado fueron rechazadas en la Suprema Corte de Mendoza las recusaciones presentadas por gremios estatales contra Jorge Nanclares, Carlos Böhm, Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde en las acciones judiciales referidas al pago de la antigüedad adeudada a los empleados públicos. Ahora se avanza sobre la etapa final de las resoluciones en plenario.También en marzo pasado la Corte Suprema de la Nación no encontró "agravio federal" para intervenir en un conflicto por pago de antigüedades entre el Estado mendocino y un grupo de sus empleados y -como consecuencia- dejó firme un fallo anterior de tres conjueces de la Suprema Corte mendocina, que resolvió la devolución a los empleados por los seis años reclamados (no sólo por dos) y desestimó las prescripciones de derechos. En su momento, el entonces gobernador Julio Cobos había recurrido este fallo ante el tribunal nacional, y la decisión judicial obligó a Jaque a pagar 400 mil pesos a 28 empleados. Era la denominada "Causa Araya" de pocos reclamantes, que fue resuelta a favor de los empleados por los conjueces de la Suprema Corte: Luis Sarmiento García, Raúl Jofré y Pablo de Rosas, en noviembre de 2007. La resolución fue en línea con otras anteriores (casos De Gourville y Araya) que también se inclinaron por favorecer a los demandantes. Pero en otra causa (Sozzi) de mayor número de reclamantes, el año pasado los ministros de la Sala Uno de la Suprema Corte: Kemelmajer y Pérez Hualde -con la ausencia de Romano- consideraron válidos los recortes salariales del Estado y las prescripciones de derechos de los empleados.Existen cuatro fallos anteriores absolutamente contrapuestos en argumentos. Actualmente la inexistencia de un criterio consolidado en la Justicia mendocina para resolver estos pleitos hace posible que la resolución final del plenario de la Suprema Corte pueda oscilar entre el rechazo casi total al reclamo de los empleados (como ya sucedió con fallo de la Sala 1) y la orden de pago total de los seis años de antigüedad no abonada (como resolvieron los conjueces). En cualquier sentido, la resolución alcanzará un mayor o menor impacto del que no podrán estar ajenos la Casa de Gobierno, los gremios estatales y los bolsillos de los empleados reclamantes.
Marcelo Sivera - msivera@losandes.com.ar
El plenario del máximo tribunal resolverá en los próximos días si el Estado adeuda dos o seis años del ítem congelado y si es legal recortar los salarios.
lunes, 27 de julio de 2009
"Es uno de los primeros temas que vamos a resolver luego de la feria", confirmó a Los Andes uno de los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. La consulta se refería al plenario de la Suprema Corte que en los próximos días buscará unificar la jurisprudencia local determinando hasta dónde son válidos los reclamos de empleados públicos que piden por antigüedades adeudadas desde los gobiernos de Arturo Lafalla y Roberto Iglesias y hasta dónde el Estado tiene la facultad de recortar los sueldos de sus empleados en épocas de emergencia. Hoy vuelve la actividad en Tribunales provinciales.Allí existen fallos anteriores absolutamente contrapuestos en las cuales, por un lado, hubo conjueces (abogados en función de jueces) que dictaminaron que el Estado debía devolver actualizado todo el monto que recortó en los salarios, sin ninguna prescripción de derechos para los empleados. Por el otro, la Sala Uno de la Suprema Corte dictaminó que el Estado puede recortar (hasta un 20%) los sueldos de sus empleados en época de emergencia y que los reclamos de los afectados prescriben (sólo reconoció dos sobre seis años reclamados).La existencia de dos criterios tan absolutamente alejados entre sí en un mismo Poder Judicial provocó que algunos empleados públicos reclamantes fueran beneficiados por conjueces que perjudicaron al Estado, mientras otros resultaron perjudicados por jueces de la Suprema Corte que beneficiaron al Estado. La diferencia en los montos que cobraron unos y otros empleados públicos fue de tres a uno. En el medio, una infinidad de empleados públicos acordó extrajudicialmente con el Estado la devolución de montos intermedios en cuotas.La decisión que deberá adoptar la Suprema Corte no es menor porque está pendiente de resolución un expediente denominado "Caso Cañas" que llegó a involucrar a unos 18 mil trabajadores estatales que en su momento iniciaron acciones contra el Estado reclamando por la antigüedad no abonada durante los gobiernos de Lafalla e Iglesias. El número de reclamantes hoy es menor ya que muchos de ellos aceptaron los acuerdos extrajudiciales. Pero según el criterio de resolución final de la Suprema Corte, el actual gobierno de Celso Jaque deberá pagar entre 30 millones y 100 millones de pesos, de acuerdo con cálculos extraoficiales. La decisión será adoptada por el voto mayoritario entre los siete miembros de la Suprema Corte. Se estima que Fernando Romano podría votar a favor de los empleados reclamantes mientras que Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde, a favor del Estado. Definirán los votos de Herman Salvini, Pedro Llorente y Carlos Böhm o, en última instancia, el del presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares. Es que entre los ministros de la Suprema Corte, algunos consideran que el derecho asiste más a los empleados reclamantes y otros al Estado demandado. Blanco o negroEn marzo pasado fueron rechazadas en la Suprema Corte de Mendoza las recusaciones presentadas por gremios estatales contra Jorge Nanclares, Carlos Böhm, Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde en las acciones judiciales referidas al pago de la antigüedad adeudada a los empleados públicos. Ahora se avanza sobre la etapa final de las resoluciones en plenario.También en marzo pasado la Corte Suprema de la Nación no encontró "agravio federal" para intervenir en un conflicto por pago de antigüedades entre el Estado mendocino y un grupo de sus empleados y -como consecuencia- dejó firme un fallo anterior de tres conjueces de la Suprema Corte mendocina, que resolvió la devolución a los empleados por los seis años reclamados (no sólo por dos) y desestimó las prescripciones de derechos. En su momento, el entonces gobernador Julio Cobos había recurrido este fallo ante el tribunal nacional, y la decisión judicial obligó a Jaque a pagar 400 mil pesos a 28 empleados. Era la denominada "Causa Araya" de pocos reclamantes, que fue resuelta a favor de los empleados por los conjueces de la Suprema Corte: Luis Sarmiento García, Raúl Jofré y Pablo de Rosas, en noviembre de 2007. La resolución fue en línea con otras anteriores (casos De Gourville y Araya) que también se inclinaron por favorecer a los demandantes. Pero en otra causa (Sozzi) de mayor número de reclamantes, el año pasado los ministros de la Sala Uno de la Suprema Corte: Kemelmajer y Pérez Hualde -con la ausencia de Romano- consideraron válidos los recortes salariales del Estado y las prescripciones de derechos de los empleados.Existen cuatro fallos anteriores absolutamente contrapuestos en argumentos. Actualmente la inexistencia de un criterio consolidado en la Justicia mendocina para resolver estos pleitos hace posible que la resolución final del plenario de la Suprema Corte pueda oscilar entre el rechazo casi total al reclamo de los empleados (como ya sucedió con fallo de la Sala 1) y la orden de pago total de los seis años de antigüedad no abonada (como resolvieron los conjueces). En cualquier sentido, la resolución alcanzará un mayor o menor impacto del que no podrán estar ajenos la Casa de Gobierno, los gremios estatales y los bolsillos de los empleados reclamantes.
Marcelo Sivera - msivera@losandes.com.ar
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